Los avales debían liberarse conforme se fueran alcanzando los hitos pactados y se fueran entregando los buques. Por eso, a estas alturas Navantia tendría que haber recibido 241,8 millones de euros, correspondientes a las fianzas de los cuatro patrulleros y a los tres de los cuatro buques de vigilancia. Fuentes de los astilleros públicos aseguran que hasta ahora solo han recibido una pequeña cantidad. El último buque se termina por contrato en los astilleros venezolanos Dianca y al mismo están ligados 39,3 millones, más un suplemento de otros 30,6 millones.
Fuentes de la empresa pública que preside José Manuel Revuelta han asegurado que están en contacto con la Administración venezolana y esperan empezar a recibir el dinero correspondiente al resto en avales antes de acabar el año. En todo caso, confían en que no existan problemas y reconocen que todavía queda más de un año para que se produzca la finalización del contrato.
Fuentes ligadas a Rebazve sostienen que la falta de interlocución eficaz con las autoridades venezolanas puede ser la causa del retraso. Por otra parte, estas fuentes presumen que, en caso de abrirse juicio oral contra los antiguos responsables de Navantia (el presidente y director comercial en el momento del contrato Juan Pedro Gómez Jaén y Jesús Arce, también imputados) bajo los postulados que defiende la fiscal (que la empresa habría pagado comisiones desorbitadas que habrían repercutido en el precio), no hay que descartar que las autoridades venezolanas se vean concernidas y decidan hacer indagaciones para examinar si Navantia cobró de más. En ese hipotético escenario, esas fuentes sostienen que podrían optar por la ejecución de las garantías contractuales.
El asunto se enconó tras decidir Navantia, que en principio había apoyado a sus representantes, romper con ellos y personarse como acusación particular en el caso de las comisiones cobradas en el citado contrato. Rebazve, que estaba ligada a los astilleros desde los tiempos de la antigua Bazán (su nombre es el acrónimo de Representantes de Bazán en Venezuela), intermedió entre la empresa española y el Ministerio de Defensa de Venezuela en los contratos, cuyo valor se elevó a 1.246 millones. La comisión recibida por el contrato fue del 3,5% (42 millones), de los que los subagentes españoles (Salas y Andía) se llevaron 12 millones (el 29,1% de lo cobrado por Rebazve) en concepto de asesoramiento, asistencia e intermediación en España a través de Camino Nuevo.
La ruptura se produjo el 26 de abril de 2013 tras haber sido imputados los responsables de Rebazve por la titular del juzgado número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, a petición de la fiscal Pilar Melero Tejerina, de la Fiscalía Anticorrupción, ante la que habían declarado como testigos en dos ocasiones. La juez había imputado previamente a los subagentes españoles por tráfico de influencias, falsedad documental y delito fiscal. Posteriormente, añadió el de malversación de caudales públicos, y la amplió a los exdirectivos de Navantia. El delito fiscal fue retirado al comprobar que Salas y Andía habían hecho la declaración pertinente.
La intervención de la Fiscalía Anticorrupción se produjo después de que, a principios de 2010, la filial española del Deutsche Bank pusiera en conocimiento del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblanc) del Banco de España la existencia de unos movimientos importantes de fondos por si pudieran corresponder a un posible blanqueo de dinero. Dichos flujos se correspondían con los pagos fijados en el contrato de mediación de Rebazve con Navantia.
La acusación de que los imputados habían cobrado “cantidades inalcanzables en otros ámbitos, no determina su ilegalidad” para la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que recurrieron, porque estaba estipulado en el contrato. La defensa sostuvo que los representantes de Rebazve tienen su domicilio en Venezuela y que “la gestión y desarrollo del contrato con Navantia les había aconsejado contar con unos agentes locales”, además de sostener que el porcentaje está en lo habitual en este tipo de intermediaciones.
La Audiencia de Madrid revocó varias imputaciones en enero de 2012, al tiempo que criticaba la ligereza del ministerio fiscal por no acreditar pruebas.